En el arte de la administración y la gerencia, bien sea pública o privada, por razones obvias yo desarrollare el tema público en este escrito, tiene carácter de indispensable el ejercicio cotidiano de la planificación de los recursos, bien sean humanos, ahora mejor llamado capital humano, financieros, logísticos, entre otros, en función de alcanzar la mayoría de los objetivos con la utilización de la menor cantidad de recursos, lo que un sociólogo amigo llama el “Pareto” en alusión directa a la tesis del economista italiano Wilfredo Pareto. En el área de lo público los recursos son finitos para atender necesidades infinitas, por tanto la definición de objetivos y sus posteriores acciones pasan por el tamiz de la jerarquización de las prioridades. La planificación provee de un enfoque racional para alcanzar los objetivos.
En Venezuela el sistema nacional de planificación nace con la creación de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la Republica (CORDIPLAN) mediante Decreto Ley N° 492, promulgado el 30 de diciembre de 1958. Esta oficina define los niveles de planificación del Estado, a saber, nacional, sectorial y regional; para este momento las autoridades regionales y locales son designadas desde el Ejecutivo nacional. La Revolución Bolivariana activa el Consejo Federal de Gobierno (CFG), un mecanismo novedoso de planificación que orienta a las regiones y municipios a engranar sus planes de acción y desarrollo con el Plan Nacional Simón Bolívar, primer plan socialista, en función de garantizar la direccionalidad de los esfuerzos y recursos en la consecución de los más grandes intereses nacionales. El CFG tiene la misión histórica de revertir el desmembramiento del país que originaron los gobiernos adecos y copeyanos en su pretendida descentralización, excusa utilizada por el puntofijismo para acentuar su reparto del poder. Se consolida desde esta instancia el financiamiento a proyectos comunitarios, el pueblo activado en pos de la solución de sus problemas sin perder la visión de lo estratégico.
Del universo de responsabilidades atendidas desde la cosa pública existen dos tareas concretas que revisten particular interés y relevancia para los gobernantes, La inversión en Personal y Las obras estructurantes del desarrollo e impacto social; en algunos casos estas variables suelen entrampar el funcionamiento del Estado entre el efectismo y el pragmatismo que hace a un lado la acción transformadora, es decir, la acción revolucionaria. Esta lógica lleva a la conclusión errada de que debe robustecerse la estructura del Estado para procurar mayor eficiencia.
Sobre estos dos ejes centrales de la acción de gobierno impacta de manera directa un elemento constante en nuestra economía como la es la inflación; nuestro país viene de periodos como el segundo mandato de Rafael Caldera donde la tasa inflacionaria acumulada alcanzó un máximo histórico de ciento ocho por ciento (108%), en los últimos 10 años fluctúa entre veintidós (22) y veintinueve (29) puntos, según cifra del Ministerio de Planificación y Finanzas, significativamente mejor, pero muy alta aún para cualquier país. Esta distorsión ocasiona una falsa ilusión de contar nominalmente con mayor cantidad de recursos disponibles en los presupuestos públicos, con los cuales, posiblemente, se resuelvan menos problemas.
Para mitigar este impacto, a todas luces negativo, la revolución bolivariana tiene en los actuales momentos la política salarial más dinámica del continente, con el salario mínimo más alto de América Latina y honrando las contrataciones colectivas del sector trabajador, negar esta posibilidad sería jugar a la caída estrepitosa del poder adquisitivo del trabajador y la trabajadora.
En cuanto a la ejecución de obras existe un encadenamiento de acciones que garantizan el éxito o fracaso de las mismas y por ende la eficiencia en la gestión, a saber: Proyecto definido, Flujo Financiero y Fuerza de Trabajo Constante. Toda obra, comunitaria incluso, debe garantizar que estas tareas entrelazadas e interdependientes se cumplan para la ejecución adecuada de la obra y en los lapsos establecidos. Si una obra no cuenta con proyecto definido, es decir con estudios y planos al detalle, no podrá incorporarse ordenadamente la fuerza de trabajo según las fases que demande la ejecución y aun contando con el financiamiento adecuado tendrá problemas; si por el contrario se cuenta con proyecto definido y el financiamiento no es el adecuado jamás podrá incorporarse fuerza de trabajo constante; también puede darse el caso de constructores irresponsables que cuenten con proyecto definido y flujo financiero sin que se incorpore la fuerza de trabajo adecuada.
En Venezuela el sistema nacional de planificación nace con la creación de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la Republica (CORDIPLAN) mediante Decreto Ley N° 492, promulgado el 30 de diciembre de 1958. Esta oficina define los niveles de planificación del Estado, a saber, nacional, sectorial y regional; para este momento las autoridades regionales y locales son designadas desde el Ejecutivo nacional. La Revolución Bolivariana activa el Consejo Federal de Gobierno (CFG), un mecanismo novedoso de planificación que orienta a las regiones y municipios a engranar sus planes de acción y desarrollo con el Plan Nacional Simón Bolívar, primer plan socialista, en función de garantizar la direccionalidad de los esfuerzos y recursos en la consecución de los más grandes intereses nacionales. El CFG tiene la misión histórica de revertir el desmembramiento del país que originaron los gobiernos adecos y copeyanos en su pretendida descentralización, excusa utilizada por el puntofijismo para acentuar su reparto del poder. Se consolida desde esta instancia el financiamiento a proyectos comunitarios, el pueblo activado en pos de la solución de sus problemas sin perder la visión de lo estratégico.
Del universo de responsabilidades atendidas desde la cosa pública existen dos tareas concretas que revisten particular interés y relevancia para los gobernantes, La inversión en Personal y Las obras estructurantes del desarrollo e impacto social; en algunos casos estas variables suelen entrampar el funcionamiento del Estado entre el efectismo y el pragmatismo que hace a un lado la acción transformadora, es decir, la acción revolucionaria. Esta lógica lleva a la conclusión errada de que debe robustecerse la estructura del Estado para procurar mayor eficiencia.
Sobre estos dos ejes centrales de la acción de gobierno impacta de manera directa un elemento constante en nuestra economía como la es la inflación; nuestro país viene de periodos como el segundo mandato de Rafael Caldera donde la tasa inflacionaria acumulada alcanzó un máximo histórico de ciento ocho por ciento (108%), en los últimos 10 años fluctúa entre veintidós (22) y veintinueve (29) puntos, según cifra del Ministerio de Planificación y Finanzas, significativamente mejor, pero muy alta aún para cualquier país. Esta distorsión ocasiona una falsa ilusión de contar nominalmente con mayor cantidad de recursos disponibles en los presupuestos públicos, con los cuales, posiblemente, se resuelvan menos problemas.
Para mitigar este impacto, a todas luces negativo, la revolución bolivariana tiene en los actuales momentos la política salarial más dinámica del continente, con el salario mínimo más alto de América Latina y honrando las contrataciones colectivas del sector trabajador, negar esta posibilidad sería jugar a la caída estrepitosa del poder adquisitivo del trabajador y la trabajadora.
En cuanto a la ejecución de obras existe un encadenamiento de acciones que garantizan el éxito o fracaso de las mismas y por ende la eficiencia en la gestión, a saber: Proyecto definido, Flujo Financiero y Fuerza de Trabajo Constante. Toda obra, comunitaria incluso, debe garantizar que estas tareas entrelazadas e interdependientes se cumplan para la ejecución adecuada de la obra y en los lapsos establecidos. Si una obra no cuenta con proyecto definido, es decir con estudios y planos al detalle, no podrá incorporarse ordenadamente la fuerza de trabajo según las fases que demande la ejecución y aun contando con el financiamiento adecuado tendrá problemas; si por el contrario se cuenta con proyecto definido y el financiamiento no es el adecuado jamás podrá incorporarse fuerza de trabajo constante; también puede darse el caso de constructores irresponsables que cuenten con proyecto definido y flujo financiero sin que se incorpore la fuerza de trabajo adecuada.
SALUDOS
MIGUEL HERNANDEZ
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