"La educación especial en España".actualizado.

Historia de un cambio educativo tras otro. De una escuela segregadora con división de sexos y  dificultad de acceso para  según qué clases sociales, hemos pasado por la  Ley General de Educación (LGE),  de 1970, que facilitó una escuela integradora con la  Enseñanza General Básica (EGB), el Bachillerato  Unificado Polivalente (BUP) y  el Curso de Orientación Universitaria (COU), así como  la promoción de la  Formación Profesional (FP).

La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares  (LOECE) de 1980 que regula  el derecho a la educación, establece la tipología de centros y cambia su modelo  de organización  de manera que los padres puedan  participar más activamente. La  Ley Orgánica del Derecho a la Educación,  la Libertad de Enseñanza y de Creación de Centros  (LODE), de 1985, crea un modelo  democrático de participación en el centro: el consejo  escolar y las  asociaciones de padres de alumnos (APAS).  La  Ley de Ordenación General  del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 promovió la escuela inclusiva. La  Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y  Gobierno de los centros (LOPEG),  de 1995, pretende reafirmar con  garantías plenas el derecho a la educación sin  discriminaciones, consolidar  la autonomía de los centros y la participación de la  comunidad educativa. La Ley Orgánica de la  Calidad de la  Educación de 2002, cuyo objetivo  era lograr una calidad educativa para todos, que  definió el tratamiento de los alumnos con necesidades  especiales y cómo debía  ser la formación de los profesores de Secundaria,  no llegó a aplicarse. Tras  un periodo de indecisión e incertidumbre entre el  profesorado fue derogada  por la Ley Orgánica de Educación (LOE), en el año  2006,  que parece recoger disposiciones de la  Logse, Lopeg y  LOCE. Como  es sabido, afrontamos  actualmente la controvertida  Ley Orgánica 8/2013,  de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad  educativa —denominada  popularmente como  Ley Wert, y abreviada como LOMCE. La Educación Especial. La evolución del derecho a esta educación denominada  como Necesidad  Educativa Especial (en adelante, NEE) parte de la  Declaración de los derechos  del niño en 1959; de iniciativas como la Asamblea  de la Liga Internacional de  Asociaciones Protectoras de Deficientes Mentales  que se celebró en Jerusalén  en 1966 y la proclamación en 1971 de los Derechos  del Deficiente Mental, así  como de la defensa en diversos países americanos y  europeos del movimiento  antipsiquiátrico para los enfermos mentales,  propugnando su incorporación  a la sociedad siempre que fuera posible. Poco a poco se  piensa que las  discapacidades no sólo tienen origen genético ni físico, } sino que se pueden  originar por aprendizajes deficientes que sólo son  remediables en contextos  donde el alumno interactúa con escolares de su edad.  Ya en el comienzo de los 70, los estados democráticos  asumían los principios  de normalización e integración, unificando la educación  ordinaria y la especial  con el fin de ofrecer una educación integradora.  La Ley General de Educación  y Financiamiento de la Reforma Educativa en la que  se recoge la Educación  Especial, la atención a los deficientes, inadaptados y  superdotados, posibilita  la creación de unidades de Educación Especial en los  centros ordinarios para  deficientes leves, y Centros de Educación Especial  para los casos más graves.  La creación en 1975 del Instituto Nacional de  Educación Especial (INEE) y  del Real Patronato de Educación Especial en 1976,  permite incluir en los  Planes de estudio de los maestros de Educación  General Básica la  especialidad de Educación Especial en 1978. Pero  estos principios  de normalización, integración, sectorización e individualización de la  enseñanza, no se convierten en una norma hasta la publicación de la Ley de  Integración Social de los Minusválidos (LISMI), aún hoy vigente,  en 1982.   La normalización de servicio se entendía como una forma de aproximar las  condiciones y la forma de vida de las personas con discapacidad a las formas  de vida del resto de la sociedad.  La Constitución Española del mismo  año 1978, en el artículo 49, reconoce: “los poderes públicos realizarán  una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los  disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la  atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para  el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos”. ¿Qué se entiende por niño con necesidad educativa especial? La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos  (LISMI) recoge en el artículo 7:  “Se entenderá por minusválido toda persona cuyas  posibilidades de integración educativa, laboral o social, se hallen disminuidas como  consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter  congénito o no, en sus capacidades físicas psíquicas o sensoriales”. También  contempla formas de escolarización y recoge las prestaciones sociales y  económicas. Su aplicación corresponde al Instituto de Servicios Sociales  (INSERSO). La incorporación a las aulas ordinarias del alumnado que hoy conocemos como  de necesidades educativas especiales (NEE), se fue produciendo en toda España  a lo largo de los años ochenta. Experiencias llevadas a cabo en un principio en  centros que se prestaban a ello voluntariamente y cuyas asociaciones  de padres organizaron un fuerte movimiento reivindicativo, culminó con un  Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial, del 6 de marzo de 1985,  donde por primera vez la Educación Especial aparece como parte integrante del  sistema educativo, y se centra en las personas afectadas no solo por  disminuciones físicas, psíquicas y/o sensoriales, sino, lo que es muy importante , por inadaptaciones debidas al entorno familiar o social, estableciendo  distintas modalidades educativas que adecuarán los contenidos y programas  a las necesidades y capacidades del alumno.  En el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo (1989) se recogen  algunos de los principios que van regir la educación especial, centrándose  más en las necesidades del alumno que en su discapacidad. Por otra parte,  la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990,  introduce en la legislación el concepto de atención a la diversidad y el de  necesidades educativas especiales y plantea adaptar el currículo común  a las características individuales y contextuales del alumnado, que se hará  preferentemente en centros ordinarios.  Pero no es hasta el Real Decreto 696/1995, de Ordenación de la Educación  de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, que se regulan los  aspectos relativos a la ordenación, la planificación de los recursos y la  organización de la atención educativa a los alumnos con necesidades educativas  especiales, distinguiendo las temporales de las permanentes, y reconociendo  como NEE tanto los casos de discapacidad (sensorial, motórica o psíquica)  como los producidos por la historia educativa y escolar de los alumnos, la  sobredotación  o a condiciones ahora tan frecuentes como la emigración y  cuestiones derivadas de la adaptación entre culturas.  Esto en cuanto a la Administración, pero ¿qué supone para el profesorado  la inclusión en sus aulas –en los años ‘90- de alumnos con NEE?  ¿Qué acciones se contemplan hoy en día en el aula para la atención a las  diversas y a menudo tan diferentes NEE?  Si es de su interés, seguiremos con el tema.